Recorte social encubierto o una acción contundente contra el fraude en las ayudas en un tiempo de penurias económicas. Ésta es la doble cara, según quien haga la interpretación, de la polémica que se ha generado esta semana al ver los cambios en los criterios de pago de la renta mínima de inserción, en PIRMI. La novedad ha cogido a contrapié a las entidades sociales que trabajan en el llamado tercer sector, que en declaraciones a El Punt Avui ya han manifestado su preocupación por los cambios introducidos en la tramitación de esta ayuda a familias en riesgo de exclusión.
La principal novedad es que el pago de la renta se ha dejado de realizar por transferencia bancaria y ahora se realiza con un talón nominativo que se envía al domicilio de los afectados. El cambio se ha realizado sin previo aviso, y aunque el checo nominativo que están recibiendo los perceptores va acompañado de una carta explicativa, no se ha podido evitar su desconcierto y preocupación.
La misma preocupación se vive en Cáritas. Juana Martín, jefe del territorio de Ciutat Vella y Poble Sec de Barcelona, expresó ayer su perplejidad. Como entidad gestora nos preocupa que no se nos haya notificado el cambio, declaró a este diario.
Problemas de movilidad
Martín recuerda que muchos perceptores de la renta son gente con problemas de movilidad y que tendrán dificultades no sólo para hacer efectivo el ingreso del checo, sino para comprender las mismas razones del cambio.
Caritas funciona como entidad de gestión, poniendo en contacto a los ciudadanos que tramitan la PIRMI con la administración que la paga. La misma preocupación por la falta de información se ha vivido en los servicios sociales de varios ayuntamientos a los que han acudido los beneficiarios de la prestación cuando han visto que a principios de mes no tenían el ingreso correspondiente.
Del mismo modo, las oficinas de Bienestar Social en Barcelona registran desde el lunes un goteo constante y creciente de personas que preguntan por la suerte de su ayuda. La PIRMI la gestiona esta conselleria y la paga Empresa y Empleo.
Desde la administración se insiste en que la modificación tiene como objetivo incrementar el control sobre quien percibe la ayuda y luchar contra el fraude. Se ha detectado, sólo en una primera búsqueda, que hay unas 200 personas que residen en el extranjero y seguían recibiendo cada mes la prestación, hecho del todo ilegal. Actualmente, el 42% de los perceptores son extranjeros.
Una nota interna de la comisión interdepartamental de la renta mínima advertía ayer de que los cambios responden a ?medidas de racionalización y revisión del programa?. La nota advierte que a partir de ahora todos los pagos no superarán el salario mínimo interprofesional y que será necesario revisarlos con este criterio. También advierte que habrá que introducir criterios de priorización para no desatender a los más necesitados.
